Españoles en Australia recurren al Ministerio de Exteriores ante el caos consular que los mantiene atrapados

Los españoles en la demarcación del Consulado General de España en Sídney denuncian que llevan desde junio siendo deliberadamente desatendidos por los servicios consulares, con consecuencias tan graves como la imposibilidad de renovar el pasaporte, el impedimento de registrar como españoles a recién nacidos y la paralización de trámites de visado para continuar residiendo en Australia.

Ante esta situación, un grupo de españoles ha interpuesto una nueva queja al Ministerio de Asuntos Exteriores instando a que tome cartas en la vulneración de derechos que están sufriendo.
Este Consulado continúa asegurando que se ha visto obligado a cancelar toda atención presencial debido a las medidas impuestas por el Gobierno estatal para combatir el COVID-19. El pasado 9 de septiembre un grupo de afectados comunicaron tanto al Consulado como al Ministerio la falsedad de esta justificación1, y manifestaron que el Consulado ha desamparado a sus ciudadanos por decisión propia, sin darles una alternativa eficaz para realizar trámites esenciales garantizados por ley. Ambas instituciones continúan sin admitir su error.
El Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Don Juan Duarte Cuadrado, se comprometió el 15 de septiembre a adoptar medidas para paliar las dificultades vividas en los últimos meses. Sin embargo, estas medidas han resultado ser insuficientes y desacertadas. Según denuncia este colectivo, la situación está provocando que cientos de españoles siguan sin saber cuándo van a poder renovar su pasaporte o que muchas familias no puedan inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Hay constancia de bebés de casi un año sin tener documentada su identidad por la falta de diligencia de este Consulado. Igualmente, aquellos que necesitan urgentemente tramitar su visado no pueden hacerlo por no tener pasaporte en vigor. Esto en ocasiones afecta a toda la unidad familiar y podría suponer la expulsión del país si los plazos vencen.

El Consulado no ha comunicado un plan para atender a los españoles que viven en otros estados que pertenecen a su demarcación y que actualmente no pueden desplazarse a Sídney. La demarcación de este Consulado abarca una extensión aproximadamente 8 veces superior a la del territorio español. Sin la documentación necesaria para viajar, los españoles no podrán abandonar el país cuando las fronteras australianas reabran, previsiblemente, a finales de año.

Ante la continua negativa del Consulado para admitir su error, los españoles han buscado la confirmación de la oficina del representante parlamentario del estado de NSW en Sídney, el cual asegura que “las normativas sanitarias no impiden que las administraciones consulares abran al público y provean de servicios a sus ciudadanos”, y que “las administraciones consulares no están listadas como entidades que deben cerrar al público bajo la normativa sanitaria del estado de NSW”.

La gestión que despacha el Consulado General de España en Sídney es un problema estructural que va más allá de los impedimentos que han generado estos últimos meses. Españoles en Sidney aseguran que es de amplio conocimiento en la comunidad que este Consulado no tramita los procedimientos dentro de los plazos marcados por la ley, que con frecuencia no responde a correos electrónicos enviados por los ciudadanos con preguntas urgentes (siendo este el único modo de comunicarse con esta administración puesto que la atención presencial les está negada) y que han mostrado en numerosas ocasiones un trato poco profesional e irrespetuoso.

La queja al Ministerio de Asuntos Exteriores interpuesta por un grupo de españoles solicita que se investigue por qué el Consulado ha negado de manera deliberada la provisión de trámites esenciales a sus ciudadanos, y que se depuren las responsabilidades al respecto para reparar la confianza de los ciudadanos. También reclama que se tomen medidas urgentes para paliar los retrasos que esta suspensión de servicios ha generado, que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para todos los trámites, y que se cumpla con la obligación de facilitar a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las autoridades consulares por medios electrónicos.

Este mismo grupo también inició una petición electrónica para alzar la voz contra esta situación de grave desamparo, que actualmente acumula más de 1.100 firmas.
Para más información:
● Araceli Dominguez-Adame – Portavoz (Aradomagu@gmail.com)